La decisión fue adoptada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y entró en vigor el 28 de diciembre de 2000.
La Decisión es la primera regla de China sobre ciberseguridad, con los siguientes puntos clave:
Hackear o destruir el sistema informático constituye un delito.
Subvertir el poder estatal, destruir la unidad nacional y la unidad de las nacionalidades, robar los secretos de estado y participar en actividades de culto mediante la publicación de información en Internet constituyen un delito.
Infringir los derechos legítimos de otros en Internet constituye un delito.