Las Directrices para las Fiscalías sobre la Tramitación de Demandas Civiles de Interés Público (para la Implementación de Juicios) se promulgaron el 12 de marzo de 2018 y entraron en vigor en la misma fecha.
Las Directrices tienen como objetivo orientar a las fiscalías para manejar demandas de interés público.
Los puntos clave son los siguientes:
Las procuradurías pueden iniciar una acción ante el tribunal popular, en ausencia de las autoridades y organizaciones prescritas por la ley o cuando las autoridades y organizaciones estatutarias decidan no entablar una demanda, si encuentran algún comportamiento que perjudique la protección del medio ambiente ecológico y recursos, prácticas en el campo de la seguridad alimentaria y farmacéutica que vulneren los derechos e intereses legítimos de los consumidores, o cualquier otro acto que lesione los beneficios sociales de las masas en el desempeño de sus funciones y deberes.
Cuando una fiscalía presenta una demanda civil de interés público incidental contra un acto delictivo que menoscaba los intereses públicos, como el daño a la protección del medio ambiente y los recursos ecológicos, y la infracción de los derechos e intereses legítimos de un gran número de consumidores de alimentos y medicamentos. en el terreno, la acción judicial será competencia de la fiscalía popular que se ocupa de la causa penal.