El Reglamento de Aplicación de la Ley de Supervisión se promulgó el 20 de septiembre de 2021 y entró en vigor en la misma fecha.

El Reglamento consta de 287 artículos, con el objetivo de regular las actividades de supervisión y promover el ejercicio legal de las funciones de supervisión.

Los puntos clave son los siguientes.

1. ¿Se confiscarán todos los bienes de la persona investigada?

Depende.

Primero, la autoridad de control sólo congelará los bienes involucrados en el caso. (Art.111)

En segundo lugar, la autoridad de control retendrá los gastos de manutención necesarios del investigado y sus familiares a cargo. (Artículo 105)

Los bienes ocultos fuera del país también serán rastreados e investigados por la autoridad de control. (Artículo 237)

2.¿Puede el público denunciar delitos?

Sí.

Las personas pueden denunciar infracciones o delitos penales en el cargo al departamento de peticiones. (Art. 172) El reportero deberá utilizar su nombre real o el nombre de su departamento. (Artículo 175)

La autoridad de control protegerá la información personal del denunciante, así como el contenido del informe, por lo que no hay que temer represalias. (Art. 267) El Reglamento consta de 287 artículos, conformando nueve estatutos correspondientes a cada capítulo de la Ley de Supervisión: disposiciones generales, facultades y deberes de supervisión, ámbito y competencia de la supervisión, facultades de supervisión, procedimientos de supervisión, cooperación internacional contra la corrupción, supervisión de las autoridades de control y del personal de supervisión, responsabilidad legal y disposiciones complementarias.

El Reglamento especifica el alcance de la investigación de las autoridades supervisoras y enumera 101 delitos en el cargo sobre los cuales las autoridades supervisoras tienen jurisdicción. El Reglamento divide los procedimientos de fiscalización previstos en la Ley de Supervisión en siete etapas específicas: manejo de pistas, verificación preliminar, archivo del caso, investigación, juicio, disposición y traslado para revisión y enjuiciamiento, estandarizando así los procedimientos de fiscalización.